Caso: La Oroya

Contaminación por plomo y fundición de metales

En noviembre del año 2005, Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú. Posteriormente se han incorporado a la petición AIDA y un abogado peruano, pero esta medida ha sido apoyada por numerosas organizaciones de Perú.

El objeto de dicha solicitud es buscar a través de la intervención de un organismo internacional, la solución de los aspectos más urgentes dentro de la complejidad que la situación de salud pública presenta en La Oroya. El mecanismo de solicitud de estas medidas es un proceso de naturaleza precautorio que se habilita en la Comisión Interamericana cuando lo que se busca revertir es una situación de gravedad y urgencia que afecta uno o algunos de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y no, específicamente la declaración que un Estado ha violado uno o mas derechos humanos.

En La Oroya se vive una situación de contaminación que está afectando la vida de cada uno de sus habitantes, especialmente la salud de niñas y niños, siendo esto incluso reconocido por el Estado. Además, en el marco de esta situación, se ha generado un conflicto social basado en la tensión entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud, derechos que deben ser complementarios, no excluyentes. Por la tensión generada, las víctimas y demás personas que vienen trabajando y manifestando su intención de proteger el derecho a la salud en La Oroya, vienen padeciendo una inaceptable situación de hostigamiento.

Todas las cuestiones que se ven implicadas en este tipo de conflicto afectan claramente los derechos humanos de cada uno de los habitantes de La Oroya. En este sentido, resulta clara la obligación del Estado Peruano de responder adecuadamente para revertir este tipo de situaciones integralmente y no preservando una serie de derechos en menoscabo de otros. Plantear el problema en estos términos es simplificar una situación al extremo de percibir que hay violaciones a derechos humanos que son aceptables.

Perú tiene el deber, asumido ante la comunidad internacional (en el caso en cuestión ante la Organización de Estados Americanos), de garantizar a través de acciones concretas el derecho a la una vida digna de las víctimas del presente caso y demás habitantes de La Oroya, libre de graves y posiblemente irremediables impactos a la salud causadas por la excesiva contaminación ambiental ni situaciones de hostigamientos. En especial de niños y niñas que se ven aun más afectados por esta situación.

Lo que se busca es poder resolver esta situación e impulsar y conducir los esfuerzos que actualmente realiza el Estado peruano en la zona hacia el mejoramiento concreto de las condiciones que actualmente afectan la vida y la salud de las personas. Por ello es que planteamos la mencionada solicitud de medidas cautelares. Las mismas no se orientan en ningún punto a influir en la relación que mantiene Perú con la Empresa responsable de la explotación económica prioritaria en la zona, si no a determinar junto con el Estado peruano la mejor y más rápida forma de garantizar a los pobladores de La Oroya de todas las edades sus derechos fundamentales, hoy altamente comprometidos.

Las medidas que solicitamos dicte esta Comisión se traducen en acciones concretas que tienden directamente a satisfacer las necesidades de la población de La Oroya en esta materia. Es mas, tienden a mejorar y prevenir el daño en la vida, especialmente de un importante número de niños y niñas que en particular están afectados por la situación. Además, procuran neutralizar los agentes que están transformando a La Oroya en un escenario de un conflicto que está destruyendo los lazos sociales atento a que se ha generado una disociación y casi enfrentamiento entre dos cuestiones que no tienen por qué excluirse, a saber: el derecho al trabajo y el derecho a la salud y la vida.

En la actualidad las medidas se encuentran ordenadas y estamos trabajando con el estado peruano para que pueda implementar las medidas de salud que la gente necesita. Asimismo, la Comisión Interamericana está dando trámite a la denuncia que hemos presentando, analizando la admisibilidad de una denuncia por violaciones de derechos humanos de esta población bajo argumentos relacionados con los mismo hechos que motivan la solicitud de medidas cautelares.

Más información

Contacto

Para mayor información contactar a Lourdes Bascary - lourdes@cedha.org.ar