El Costo Humano de Defender el Planeta

Casos de Violaciones de Derechos Humanos a Activistas Ambientales en las Americas

 

 

 

abril 2002

 

Este informe fue elaborado

por Romina Picolotti con la colaboración de Lewis Gordon

 

 

 

Una publicación del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA)

Y

The Center of International Environmental Law (CIEL)

 

 

 

 

 

CEDHA desea agradecer especialmente  la Fundación Hewlett  y Goldman por su apoyo

 

 

Introducción

 

En diciembre del 2001 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Santiago A. Canton, decidió crear dentro de la Oficina del Secretario Ejecutivo, una Unidad Funcional de Defensores de Derechos Humanos, encargada de coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en esta materia. [1]

 

La Unidad tiene como tarea principal recibir información[2] sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el Hemisferio, mantener contactos con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y coordinar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva relacionado con los defensores de derechos humanos en las Américas. [3]

 

Resulta oportuno destacar que la definición de defensores de derechos humanos que utiliza la Unidad incluye a defensores del medio ambiente.

 

En 1999 la organización de derechos humanos Amnistía Internacional y la organización ambientalista Sierra Club anunciaron una campaña conjunta con el objetivo de concientizar sobre los ataques sufridos por defensores del medio ambiente y presionar a los Estados que abusan de los derechos humanos de estos defensores. Consecuentemente produjeron un informe titulado "Ambientalistas Bajo Fuego: 10 Casos Urgentes De Abusos De Derechos Humanos"

 

Hoy ser ambientalista es un negocio peligroso. En democracias y en dictaduras, en economías desarrolladas y en vías de desarrollo, derechos humanos de activistas ambientales están siendo violados... creemos firmemente que el desafío de la próxima década será el de defender a la gente que defiende al medio ambiente, luchar por los derechos de aquéllos que arriesgan sus vidas para proteger a nuestro planeta. El objetivo de este esfuerzo conjunto es el de arrojar luz sobre aquellas naciones que abusan de los derechos humanos de activistas ambientales para que se inicien las acciones pertinentes para frenar inmediatamente los abusos sufridos por ambientalistas que están siendo golpeados, amenazados, detenidos, violados, torturados, y asesinados.[4]

[la traducción nos pertenece][5]

 

 

Compartiendo el fin de la campaña conjunta de Amnistía Internacional y Sierra Club, y con el objetivo de fortalecer y proveer información a la Unidad De Defensores De Derechos Humanos de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos,  CEDHA y CIEL, compilamos un nuevo "informe" de casos de abusos de  derechos humanos de activistas ambientales en las Américas.

 

Tristemente el informe que prosigue contiene  más casos de aquellos diez presentados por la campaña conjunta de Amnistía Internacional y Sierra Club,  pero no es exhaustivo.

 

Al leer estos casos, organizados por país, es crucial notar que aquello que lidera la violación de los derechos humanos de activistas ambientales  casi invariablemente concierne a la degradación ambiental de territorio poseído por comunidades indígenas y/o pobres.

 

Este patrón  fue expresamente reconocido por la Relatora Especial de Derechos Humanos Y Medio Ambiente de Naciones Unidas, la Sra. Ksentini, quien señaló que estaba impresionada por el hecho de que "la violación de derechos humanos casi siempre era consecuencia de violaciones a la tierra y degradación ambiental, siendo inseparable de estos factores.”[6] [la traducción nos pertenece][7]

 

El hecho de que las violaciones de derechos humanos de activistas ambientales están íntimamente vinculadas a las disputas sobre territorio y a su degradación ambiental tiene dos ramificaciones desastrosas.

 

En primer lugar, significa que los abusos de derechos humanos de activistas ambientales están ocurriendo como consecuencia adicional de la violación de otros derechos humanos-especialmente el derecho a la vida, a la propiedad, a la cultura, a la salud, a un medio  ambiente sano- representados por estos activistas.

 

En segundo lugar, significa que los abusos de derechos humanos de activistas ambientales resultan en violaciones adicionales a los derechos de las personas afectadas. Esto ocurre  por el "efecto terror" que estas violaciones individuales tiene sobre el grupo, aterrorizando al grupo sobre el ejercicio de sus propios derechos. Se produce entonces un círculo vicioso que debe ser interrumpido.

 

 

 

 

Brasil

 

El costo humano de defender la selva amazónica

La destrucción de la selva amazónica alcanzó prominencia mundial con el asesinato de Chico Mendes el 22 de diciembre de 1988. La lucha de los trabajadores de caucho para proteger la selva y crear reservas de extracción sustentable se enfrentó con los intereses de los propietarios de concesiones de explotación de madera. [NRDC, p. 1]

 

En el período 1964-1992 fueron asesinados 1,681 trabajadores rurales que intentaron defender la selva amazónica brasileña.  En los últimos veinticinco años 714  trabajadores rurales fueron ejecutados en el estado de Pará.[8]


 

El costo humano de defender los ríos amazónicos

Ademir Aldeu Federicci, 36 años, coordinador del Movimiento Para El Desarrollo Transamazónico Y Xingu (MDXT) es asesinado el 25 de agosto de 2001 en Altamira, estado de Pará. Federicci era uno de los líderes autores del informe "S.O.S. Xingu: un llamado al represamiento de los ríos amazónicos"[9], que alertaba inter alia sobre las consecuencias de la construcción de la represa hidroeléctrica en Belo Monte Altamira.

 

MDXT es un coalición que agrupa 113 organizaciones de base y promueve el desarrollo sustentable de los ríos amazónicos. Desde Junio del 2001 cinco activistas fueron asesinados cientos fueron encarcelados. [10]

 

El 12 de marzo del 2002, Fray Sérgio Görgen y Fray Zanatta religiosos franciscanos líderes del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y Geni Andriolli y Lico da Costa líderes del Movimiento de los Sin Tierra (MST) son baleados por la policía militar.

 

Quinientos agricultores afectados por la represa de Barra Grande, que está siendo construída en el río Uruguay, en el límite entre los Estados de RioGrande do Sul y Santa Catarina, realizaron una manifestación reclamando la suspensión de la obra. Después de una asamblea donde ratificaron esta decisión, los afectados siguieron en una caminata pacífica hacia la represa en construcción. En la entrada del obrador los agricultores fueron detenidos por la policía militar de Rio Grande do Sul, que arbitrariamente agredió a los afectados, culminando con varios manifestantes gravemente  heridos de bala.

 

 

 

Colombia

 

El costo humano de defender los bosques andinos

El pueblo indígena U'Wa se ha opuesto a la explotación de petróleo en sus tierras ancestrales la misma fuera concedida por  el Estado a Occidental Petroleum el 1992.[11]. Las tierras ancentrales del pueblo U'Wa están localizadas en los bosques andinos  uno de los mayores hábitats de especies en peligro de extinción. Como consecuencia de la escalada del conflicto armado en Colombia,  fuerzas de seguridad estatales se han instalado en la zona de explotación petrolífera y han cometido brutales violaciones a los derechos humanos del pueblo U'Wa incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas.

 

Berito Kuwaru'wa fue designado como el vocero del pueblo indígena U'Wa. En julio de 1997, Kuwaru'wa es secuestrado de su casa a por un grupo de hombres encapuchados quienes demandaron al líder bajo amenaza de muerte que firmara su asentimiento a la explotación de petróleo. Kuwaru'wa se rehusó, es severamente golpeado y tirado a la vera de un río.

 

En marzo de 1999 fueron asesinados Ingrid Washinawatok miembro de la comunidad Menominee Nation, Lahe'ena Gay director del Pacific Cultural Conservancy International in Hawaii, y Terence Freitas activista ambientalista, todos ellos defensores de la causa del pueblo U'Wa. La CIDH en un comunicado de prensa expresó:

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado conocimiento del asesinato de Ingrid Washinawatok (41), miembro de la comunidad indígena de la Nación Menominee y con reconocida labor en cuestiones humanitarias; Lahe´ena´e Gay (39), Directora de Pacific Cultural Conservancy International en Hawaii; y Terence Freitas (24), ambientalista, todos de nacionalidad estadounidense. Las víctimas fueron secuestradas el pasado 25 de febrero cuando se dirigían de Saravena (Arauca) al Municipio de Cubará (Boyacá) donde tiene su sede la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la comunidad indígena U´wa de Colombia. Los cuerpos fueron encontrados en la localidad de La Victoria, Venezuela, por la Policía Judicial de ese país, con múltiples heridas de bala y signos de haber permanecido atados y vendados.

Las tres víctimas apoyaban la causa de la defensa ambiental del territorio ancestral del Pueblo U´wa –con cuyos líderes también se reunió la CIDH durante su visita in loco de diciembre de 1997— y se encontraban en Colombia realizando actividades de intercambio cultural.

Ante estos acontecimientos, la CIDH desea expresar su más enfática condena al criminal secuestro y posterior asesinato de estos tres defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Las normas del derecho internacional protegen el derecho a la integridad personal de los civiles y prohiben la ejecución extrajudicial bajo cualquier circunstancia tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado.

La Comisión insta al Estado colombiano a intervenir decididamente a fin de investigar, identificar y castigar a los responsables de estos crímenes atroces.

Washington, D.C., 8 de marzo de 1999[12]

 


 

El costo humano de defender los ríos colombianos

El pueblo indígena Embera-Katio se opone a la construcción de la represa  Urra por considerar que la degradación ambiental producida por la misma afectará severamente el uso y goce de sus derechos humanos.

 

Como es de público conocimiento la comunidad Embera-Katio ha sido objeto de constante violencia por las tropas paramilitares. Numerosos líderes han sido secuestrados y asesinados o desaparecidos.[13] La Comisión Interamericana en su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia señaló:

 

40. Según información recibida por la Comisión, en mayo de 1997 Misael Domico y en octubre del mismo año, Edgar Domico, Mario Domingo Domico y David Domico, líderes y maestros de la comunidad Embera Katio de Aguas Claras en el municipio de Mutatá, Departamento de Antioquia, fueron secuestrados por miembros de la organización paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ("ACCU") sin que hasta la fecha se haya conocido de su paradero. [14]

 

El 1ero. de febrero de 1999 Alejandro Domicó es ejecutado en la municipalidad de Tierralta por las Patrullas de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urrá.

El 24 de abril de 1999 en la municipalidad de Tierralta, departamento de Córdoba, Lucindo Domicó Cabrera vocero del pueblo indígena Embera Katio en las negociaciones con Urrá S.A. es asesinado.[15]

 

 

 

El Salvador

El costo humano de defender al país ambientalmente más degradado de las Américas

Ricardo Navarro fundador del Centro Salvadoreño Para La Tecnología Apropiada (CESTA) recibe permanentemente amenazas de muerte. El CESTA es una de las organizaciones ambientales más importantes del Salvador, Navarro denunció públicamente-inter alia- el tráfico de residuos tóxicos, condenó la propuesta de transferir gomas en desuso desde Nueva Orleans hacia El Salvador donde eran quemadas provocando un severo daño ambiental; y lideró una campaña nacional para salvar El Espino, una de las pocas áreas forestadas cerca de la capital e importante fuente de agua. La campaña culminó en la declaración  legislativa de El Espino como zona protegida enfrentando a los intereses de los políticos locales que preferían su utilización para un proyecto de construcción de viviendas.

 

Resulta oportuno destacar que El Salvador luego de la guerra civil es el país de mayor degradación ambiental del occidente.

 

 

 

Ecuador

 

El costo humano de defender reservas nacionales

En marzo del 2002 fueron detenidos  17 ambientalistas (14 extranjeros y 3 nacionales) que acampaban en Guarumos, reserva de Mindo. El intendente de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo dispuso deportar a los 14 extranjeros.

 

En represalia a la detención la población de Mindo efectuó la retención de dos vehículos-plataforma Freightliner, del Consorcio OCP Limited, que tiende el Oleoducto de Crudos Pesados. El Consorcio está integrado por Canada's Alberta Energy, Respsol-YPF  (España-Argentina), Perez Compac (Argentina), ENI (Italia), y Occidental & Kerr- McGee (EEUU).

 

La detención obedece a una serie de actos intimidatorios para silenciar a aquéllos que pretenden defender la reserva nacional Mindo Nambillo único hábitat de un sinnúmero de aves en peligro de extinción que conforman junto a otros animales y plantas una importante reserva de biodiversidad. 

 

La campaña intimidatoria incluyó entre otros actos el envío de 100 tropas de la Policía Nacional para terminar con cualquier activismo ambiental en la zona.

 

Las organizaciones ambientalistas involucradas son:

Amazon Watch

Acción Ecologista

Amigos de la Tierra Internacional

OneWorld Full Coverage of Ecuador

 

 

 

Guatemala

El costo humano de promover el desarrollo sostenible

Los pueblos indígenas de Guatemala han sido especialmente susceptibles a los impactos de la degradación ambiental por los mal llamados "proyectos de desarrollo". Así por ejemplo, con la construcción de la represa Chixoy a principio de los años 80 la totalidad de la comunidad maya residente en Río Negro  fue forzosamente desplazada y más de 440 de sus miembros fueron asesinados por su oposición al proyecto.

 

En la municipalidad El Estor, Lago Izabal, intereses mineros y madereros en colaboración con propietarios locales, personal militar, y oficiales estatales han amenazado a la población maya de la zona. En 1960 el  estado de Guatemala concedió una concesión minera de 40 años a International Nickel Company (INCO) en la zona.   INCO, a su vez, creó una compañía guatemalteca EXMIBA que mantiene cercanas relaciones con los militares quienes desalojaron forzosamente a los mayas de su tierra. 

 

EXMIBA permite ilegalmente corte de madera en las tierras bajo concesión. La Asociación para el Desarrollo Maya Q'eqchi denunció la extracción ilegal de madera. El 21 de abril de 1999 uno de sus líderes, Carlos Coc Raz, desapareció en la ciudad de Guatemala dónde estaba negociando la titulación de tierra para la comunidad indígena. [16]

 

El 29 de febrero de 2000, Erwin  Haroldo Ochoa Lopez - abogado- y Julio Armando Vázquez Ramírez, - asistente administrativo- ambos miembros del Consejo Nacional De Áreas Protegidas (CONAP) fueron asesinados en Puerto Barrios, Izabal.

 

López y Ramírez trabajaban principalmente para la protección del ecosistema y el medio ambiente de la región, particularmente luchaban contra la deforestación , la pérdida de sedimento acuífero en la región de la Graciosa, y la protección de los humedales del Chocon Machacas.[17] La CIDH en su Informe sobre Guatemala señaló:

 

33. Una serie de organizaciones de derechos humanos y del medio ambiente expresaron su preocupación respecto de la muerte no aclarada de los activistas ambientales Erwin Haroldo Ochoa, un asesor jurídico, y Julio Armando Vásquez Ramírez, un asistente administrativo, el 29 de febrero de 2000, en Izabal. El abogado Ochoa había participado en una serie de actividades, inclusive en nombre de áreas protegidas, y en numerosas acciones legales en la esfera ambiental. [18]

 

En marzo del 2001 Helmut Rolando Ramírez miembro del Instituto Nacional De Bosques  (INAB) es asesinado. En mayo del 2001 Gustavo Augusto Suchite ambientalista de la Fundación Ecológica (FUNDAECO) es asesinado en  el área protegida de Sierra Caral, Morales, Iazbal. Todos estos casos permanecen impunes.

 

 

Honduras

El costo humano de defender los recursos naturales

El 6 de febrero de 1995 la activista ambientalista Blanca Jeanette Kawas Fernández es asesinada. Fernández era presidente  de PROLANSATE organización no gubernamental ambientalista que  lucha contra la explotación ilegal de madera .[19]

 

La pesca intensiva de camarones, el mal manejo de los recursos pesqueros y la destrucción de los estatutarios resultaron en una tremenda presión sobre los recursos pesqueros del Golfo de Fonseca. La industria del camaron, producto de exportación, desplazó a los pescadores  locales mediante la privatización de las costas. Jorge Varela es reconocido internacionalmente  por su importante labor en la lucha contra este modelo no sustentable de desarrollo. Varela es fundador de la organización CODDEFFAGGOLF que se opone a la apropiación de los recursos naturales. Representando a 10.000 pescadores y granjeros Varela logró limitar la expansión industrial camaronera en el Golfo. Presionó exitosamente al estado de Honduras para establecer áreas protegidas y logró  una suspensión de la construcción de nuevas granjas camaroneras.

 

Varela es amenazado continuamente de muerte y dos de los miembros de CODDEFFAGOLF  fueron asesinados.

 

El costo humano de defender el derecho a un medio ambiente sano

El 30 de junio del 2001 Carlos Roberto Flores, líder comunal y activista ambientalista es asesinado en  el departamento Olancho frente su familia por seis guardias de seguridad de la compañía concesionaria Energisa, por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico PATUCA  II.[20]

 

El Estado hondureño concedió a la compañía Energisa la construcción de una megarepresa conocida como proyecto "El Tigre" sobre el río  Babilonia. La concesión se otorgó sin ningún tipo de consultas a las comunidades  afectadas y sin la realización de un estudio de impacto ambiental. La realización del proyecto hidroeléctrico desplazaría a 20.000 personas y dejaría a once comunidades sin acceso al agua. En junio del 2000, Salvador Zuniga y Berta Caceres son hostigados e intimidados por su campaña en contra de la construcción de la megarepresa. Desde enero del 2001 miembros de la población local que se han opuesto al proyecto han recibido regularmente hostigaciones y amenazas de muerte.[21]

 

Por lo menos veinticinco  líderes indígenas han sido asesinados en  los últimos diez años por bregar por la protección de su medio ambiente. La mayoría de estos casos permanece impune.[22]

 

 

 

México

El costo humano de defender los recursos forestales

Los recursos forestales del estado de Guerrero son uno de los más importantes de México. En 1997 campesinos de Costa Grande víctimas  de la explotación abusiva de madera que comenzó en el año 1995 cuando el gobernador de Guerrero -Figueroa- otorgó a una transnacional norteamericana Boise Company la concesión exclusiva de explotación forestal en la región decidieron crear la OCESP organización ambientalista cuyo objetivo fundamental es la protección de los recursos naturalesde Costa Grande.

 

Luego de un intenso trabajo jurídico, político, y social, la OCESP logró que el seis diciembre del 2000 el fiscal federal general para la protección del medio ambiente reconociera el grave daño ocasionado al ecosistema en la Sierra de Petatlán, y cancelara definitivamente siete de los principales permisos principales para la explotación maderera.

 

Miembros  de la OCESP son hostigados, intimidados, torturados y asesinados por su activismo ambiental.

 

El 31 de marzo de 1998 hombres armados son enviados a Mameyal para asesinar a Celso Figueroa, uno de los fundadores de OCESP. Por equivocación asesinan a Aniceto Martínez quien también era miembro de OCESP.

 

El 2 de julio de 1998 Elena Barajas miembro de OCESP es asesinada por un soldado en el ejido de Jilguero.

 

El 10 de Julio de 1998 Romualdo Gómez García miembro de OCESP es asesinado.

 

El 11 de julio de 1998 soldados torturan a Jesús Cervantes Luviano, miembro de OCESP

 

En el estado de Guerrero soldados secuestran torturan y detienen a Teodoro Rodolfo y Montiel Cabrera, ambos miembros de OCESP

 

El 14 de junio de 2001 miembros del 19vo Batallón  de Infantería arrestaron a Gerardo Cabrera González en  la comunidad de Blanco Nuevo, municipalidad de Petetlán, estado de Guerrero. González fue imputado con el delito de posesión ilegal de armas y transferido a la prisión de Acapulco. Gerardo C. González es miembro de la OCESP.[23]

 

En 1988 Juventino González organizó un grupo de ciudadanos para proteger el parque de Michoacan de la explotación ilegal de madera. González fue severamente golpeado en dos oportunidades y de amenazado muerte en varias ocasiones.20 habanos que conformaban su grupo fueron encarcelados.[24]

 

En 1992 Fidencio López intendente de San Mateo Rio Hondo, Oaxaca es asesinado por haber denunciado públicamente la explotación ilegal de madera en los bosques de San Mateo. Su asesinato permanece impune. [25]

 

El doctor Javier Mojica, líder de la campaña ambientalista que se oponía a la construcción de un 'shopping mall'  en el parque de Acapulco en 1992 es brutalmente golpeado en su domicilio. El delito del que fue víctima permanece impune. [26]

 

Edwin Bustillos ingeniero agrónomo, fundador de la organización de derechos humanos y medio ambiente CASMAC sufrió desde 1994 tres atentados de muerte con serias consecuencias para su salud que aún persisten. El objetivo de CASMAC es la protección de la Sierra Madre Occidental en el norte de México, uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en Norteamérica.

 

 

 

Perú

El costo humano de expresar la voz de la Tierra

El 31 de mayo de 1989 Bárbara D' Achille una de las periodistas más importantes en temas ambientales en el Perú es asesinada por expresar sus ideas con respecto al impacto ambiental del cultivo de coca en los bosques tropicales.[27]

 

El costo humano de defender el derecho a un medio ambiente sano

En la región norte de Perú que limita con Ecuador existen importantes depósitos de oro y otros minerales preciosos. Actualmente la región está poblada por granjeros que viven principalmente del cultivo de la papaya y el mango. Los últimos años la comunidad local se ha enfrentado a los intereses de la empresa canadiense Manhattan Minerals que pretende realizar una explotación minera a cielo abierto en el valle de San Lorenzo. La población local teme que la polución ambiental provocada por la mina destruirá su agricultura, base de la economía familiar. Aproximadamente 1,600 familias deberían ser desplazadas del Tambogrande como consecuencia de la explotación minera.

 

El 31 de marzo del 2001 Godofredo García es asesinado cerca de su granja. García era uno de los líderes que se oponía a la explotación minera, agronomista y Presidente de la Asociación Peruana De Cultivadores De Mango y Director del Frente De Defensa De Tambogrande, organización local que se opone al explotación minera.

 

El 7 de mayo del 2001 la hija de diecisiete años de Francisco Ojeda es secuestrada  y amenazada de muerte en la ciudad de Piura. Los secuestradores  la liberaron con el siguiente mensaje " decile a tu padre que le pegaremos donde más le duele". Francisco Ojeda es el actual director del Frente De Defensa De Tambogrande.[28]

 

 

 

Venezuela

 

El costo humano de defender las reservas naturales de Venezuela

En 1997 comenzó la construcción de la red de energía eléctrica Guri que atraviesa el parque nacional Canaina donde se encuentra la famosa Cascada el  Ángel y la  Reserva Natural Imataca. La comunidad indígena  Pemon junto a otros pueblos indígenas protestaron contra la construcción de la red eléctrica por entender que la degradación ambiental producida por la misma ocasionaría serios impactos a la salud, al territorio, a la cultura y a la vida de los pueblos indígenas de la zona.

 

Los pueblos indígenas que se opusieron a la construcción de la red fueron sometidos a intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte. [29]

 

El 29 de diciembre del 2000 Juan Ramón Lezama, miembro de la comunidad Pemon, es  golpeado por dos soldados hasta quedar inconsciente. Desde diciembre del 2000 el pueblo indígena Pemon se encuentra permanentemente vigilado por militares. Tropas han cercado la casa de Silviano Castro cacique del pueblo.[30]


 

Conclusiones

 

El informe demuestra la existencia de un perverso patrón mundial particularmente grave en las Américas, aquéllos que hablan en representación de los vulnerables y desprotegidos segmentos de la sociedad, en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, son sistemáticamente  perseguidos como parte de un intento deliberado para silenciar e intimidar a los defensores y a aquéllos a quienes representan.

 

Concluimos con la reflexión de la señora Hina Jilani Representante Especial De Naciones Unidas Para Los Defensores De Derechos Humanos[31]:

 

 …el término defensores derechos humanos no está restringido exclusivamente a aquéllos que promueven y protegen los derechos civiles y políticos. La declaración... reconoce como defensores de derechos humanos a aquéllos que luchan por la promoción, protección, e implementación de los derechos sociales  económicos y culturales. En consecuencia, aquéllos que defienden el derecho a un medio ambiente sano, o que promueven los derechos de los pueblos indígenas se encuentran sin duda alguna dentro de la definición de defensores de derechos humanos [32]

 

 



[1] Comunicado de Prensa CIDH, No.32/01

[2] Cualquier comunicación puede ser dirigida por e-mail a CIDHDefensores@oas.org

[3] Esta iniciativa toma en cuenta la Resolución AG/RES. 1818, aprobada en el Trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe prestando la debida atención a la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y que considere la elaboración de un estudio integral sobre la materia que, entre otros aspectos, caracterice sus labores para su análisis en las instancias políticas pertinentes.

[4] Amnesty International and Sierra Club, “Environmentalists Under Fire: Ten Urgent Cases of Human Rights Abuses,”Introduction to the 2nd edition (January, 2000), at p.3.

[5] “Today, in too many countries, it is dangerous business to be an environmentalist. In democracies and dictatorships, in developed and developing economies, the basic human rights of environmental activists are being abused…We believe the human rights and environmental challenge of the next decade will be to defend the people who defend the environment- to fight for the rights of citizens worldwide who risk their lives by speaking out to protect our planet. The goal of this joint endeavor is to shine a bright light on nations where human rights abuses are being committed against environmental activists and to take action immediately to stop the abuses suffered by environmentalists who are being beaten, harassed, detained, raped, tortured, and murdered.”

 

[6] “Human Rights and the Environment: Final Report prepared by Mrs. Fatma Ksentini, Special Rapporteur,” E/CN.4/Sub.2/1994/9, July 6, 1994 at para.88

 

[7] “the human rights violations at issue almost always arise as a consequence of land rights violations and environmental degradation and indeed are inseparable from these factors.”

[8] Global Justice idem web page infra 6

[9] ´S.O.S. Xingu: A Calling for Good Sense concerning the Damming of Amazon Rivers"

[10] http://www.global.org.br/english/index.htm.;http://forests.org/archive/brazil/pramrive.m

 

[11] CIDH caso 11754

[12] CIDH Comunicado de Prensa  no.5/99, 8 de Marzo, 1999].

[13] AI UA 138/01, AMR 23/058/2001

[14] CIDH, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Capítulo X, párrafo 40.

[15] AI UA 21/99, UA 178/98, y  UA 236/98

 

[16] AI UA 97/99

[17] Report of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint program of the FIDH and the OMCT, GTM 001 / 0003 / OBS 011, March 6, 2000

[18] OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 abril 2001, cap. VI

 

[19] AI report; Sachs, p.19, and fn. 6,32, citando EIJ, summer 1995

[20] AI UA 166/00

[21] AI UA 169/01

 

[22] Amnesty International UA 169/01; OMCT Appeals 23/7/2001: Honduras: use of violence against opponents to the construction of two dams.

[23] AI,  http://www.stoptorture.org/urgent/                                                       1

[24] NRDC at p. 73

[25] NRDC at p. 72

[26] HRW/NRDC at pp.73-74

[27] Michael J. Kane, “promoting Political Rights to Protect the Environment,” The Yale Journal of International Law, Winter 1993

[28] Hall, “Peruvian Farmers Battle Canadian Mining Giant Over Future of Their Lands,” Common Dreams News Center, 2001,en http://www.commondreams.org/headlines01/0713-04.htm

[29] Amnesty International Urgent Action 332/00, October 30, 2000

[30] [AI UA 03/01]

[31] U.N. Doc.E/CN.4/2001/94

[32] In my view the term ‘human rights defenders’ is not restricted only to those seeking     protection and promotion of civil and political rights.  The Declaration… recognizes those striving for the promotion, protection and realization of social, economic and cultural rights as human rights defenders.  Therefore, those defending the right to a healthy environment, or promoting the rights of indigenous peoples would, by no means, fall outside the ambit of any definition of a human rights defender.